Es complejo explicar fuera de nuestro país que la universidad nacional y pública [aquella “DE” Chile] para mantener su funcionamiento habitual, debe cobrar altos aranceles tanto de pregrado como de postgrado, así como vender servicios en el mercado. A ésta se le exige la competencia con otras instituciones, pero con las ataduras propias de las organizaciones creadas para el servicio de la función pública. Su flexibilidad de gestión es prácticamente idéntica a la de una dependencia de la administración pública, sin considerar además que la universidad estatal en Chile no es una organización burocrática monopolista, y sus particularidades no son asimilables en lo más mínimo a un dependencia estatal de “papel y lápiz”.
El Estado ha abandonado a sus universidades en nuestro país, llegando a un extremo en el cual hoy la Universidad de Chile debe generar más del 90% de su presupuesto. Lo anterior provoca que las unidades académicas [Facultades e Institutos] de la universidad, tengan un presupuesto inercial con un componente alto asociado al valor del arancel de pregrado y/o postgrado y a la competitividad en la venta de sus servicios; por consecuencia, se dan naturalmente diferencias estructurales que también terminan con un componente inercial año a año. En dicho sentido, la Universidad de Chile ha debido saber adaptarse a las exigencias del Estado y convivir con un modelo de gestión insostenible en el tiempo. Su capacidad de respuesta se hace día a día más baja, en un sistema que exige rápidos y diligentes modelos de administración.
Pero lo anterior no solo se traduce en asuntos netamente presupuestarios y de gestión administrativa. Las universidades del Estado han tenido que competir con otras instituciones respecto a la relación con éste, en los ámbitos de las políticas públicas. En dicho sentido es natural que el Estado entregue a sus universidades distintos aspectos del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, no solo considerando la coherencia recursiva de las misiones institucionales, sino que bajo el parámetro de autonomía universitaria, pluralismo, tolerancia y laicismo que la universidad estatal debe asegurar, además de la completa independencia confesional. Explicaciones para este fenómeno pueden ser variadas y muy válidas, dependiendo el enfoque que se desee ocupar.
Finalmente se encuentran aspectos institucionales del sistema de educación superior [aunque a decir verdad en el Chile de hoy es más correcto mencionar “un no sistema” de educación superior]. Probablemente sean las universidades del Estado, pero particularmente la Universidad de Chile la llamada a liderar este sistema. Aspectos de misión, visión, tradición, pluralismo, gobernanza, construcción de la República, sentido país, entre tantos otros, hacen del todo recomendable el mentado liderazgo, pero sin confundirlo con tutelaje. Lo anterior refleja entonces la necesidad de crear un sistema en el actual “no sistema”, donde el rol del Estado y sus universidades sea activo y protagónico, siendo ejemplo y estándar de calidad para sus pares, en cada una de las acciones que se desarrollan en la educación superior universitaria.
El Estado debe hacerse cargo de “SUS universidades”, las cuales le pertenecen. Suena de perogrullo, pero hoy en día no acontece.
Daniel Burgos Bravo
Senador Universitario
El Estado ha abandonado a sus universidades en nuestro país, llegando a un extremo en el cual hoy la Universidad de Chile debe generar más del 90% de su presupuesto. Lo anterior provoca que las unidades académicas [Facultades e Institutos] de la universidad, tengan un presupuesto inercial con un componente alto asociado al valor del arancel de pregrado y/o postgrado y a la competitividad en la venta de sus servicios; por consecuencia, se dan naturalmente diferencias estructurales que también terminan con un componente inercial año a año. En dicho sentido, la Universidad de Chile ha debido saber adaptarse a las exigencias del Estado y convivir con un modelo de gestión insostenible en el tiempo. Su capacidad de respuesta se hace día a día más baja, en un sistema que exige rápidos y diligentes modelos de administración.
Pero lo anterior no solo se traduce en asuntos netamente presupuestarios y de gestión administrativa. Las universidades del Estado han tenido que competir con otras instituciones respecto a la relación con éste, en los ámbitos de las políticas públicas. En dicho sentido es natural que el Estado entregue a sus universidades distintos aspectos del diseño, implementación y evaluación de políticas públicas, no solo considerando la coherencia recursiva de las misiones institucionales, sino que bajo el parámetro de autonomía universitaria, pluralismo, tolerancia y laicismo que la universidad estatal debe asegurar, además de la completa independencia confesional. Explicaciones para este fenómeno pueden ser variadas y muy válidas, dependiendo el enfoque que se desee ocupar.
Finalmente se encuentran aspectos institucionales del sistema de educación superior [aunque a decir verdad en el Chile de hoy es más correcto mencionar “un no sistema” de educación superior]. Probablemente sean las universidades del Estado, pero particularmente la Universidad de Chile la llamada a liderar este sistema. Aspectos de misión, visión, tradición, pluralismo, gobernanza, construcción de la República, sentido país, entre tantos otros, hacen del todo recomendable el mentado liderazgo, pero sin confundirlo con tutelaje. Lo anterior refleja entonces la necesidad de crear un sistema en el actual “no sistema”, donde el rol del Estado y sus universidades sea activo y protagónico, siendo ejemplo y estándar de calidad para sus pares, en cada una de las acciones que se desarrollan en la educación superior universitaria.
El Estado debe hacerse cargo de “SUS universidades”, las cuales le pertenecen. Suena de perogrullo, pero hoy en día no acontece.
Daniel Burgos Bravo
Senador Universitario
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