Por Daniel Burgos Bravo
Mucho se habla de la importancia de desarrollar una labor oportuna y eficiente a nivel de administración y gestión universitaria. No obstante, una serie de trabas impiden que las universidades estatales tengan un mayor rango de acción, debido a su naturaleza de servicio público.
En efecto, los organismos contralores, como otros de carácter jurisdiccional, han definido que las casas de estudios superiores estatales son servicios públicos para el cumplimiento de la función pública. De esta manera, les asiste observar prácticamente todas las normativas propias del sector público, lo que aumenta considerablemente sus controles y carga burocrática, en comparación con las universidades privadas que reciben importantes aportes estatales, los que a su vez administran según el régimen privado.
Profundizando lo expuesto en el párrafo anterior – en palabras de varias ex autoridades de Casas de Estudio Estatales -, las Universidades del Estado gestionan y capturan dineros del sector privado y los ingresan a las instituciones, exigiendo que el tratamiento de éstos sea idéntico a los dineros públicos. En tanto, las universidades privadas reciben de manera directa o indirecta fondos públicos, y los gestionan de manera privada. Clara diferencia que genera una abierta inequidad.
Normativas en compras públicas, procedimientos administrativos, régimen de sus trabajadores, lobby, transparencia, entre otras, crean una situación desventajosa para las universidades estatales, toda vez que su gestión no se desenvuelve en un mercado donde ellas sean instituciones burocráticas – monopolistas.
Muy por el contrario; las universidades del Estado compiten con otras instituciones, con una serie de controles que muchas veces son asfixiantes: Contraloría General de la República, contralorías internas, empresas auditoras externas, auditorías internas, Superintendencia de Educación Superior, entre otras tantas.
En lo práctico, una universidad no es un servicio público como un ministerio, agencia u oficina pública.
El desarrollo de los quehaceres de las universidades requiere de una evidente mayor flexibilidad, no solo por el alto nivel de competitividad que posee el ámbito en que se desenvuelve, sino por la naturaleza misma de la función académica, la cual exige respuestas oportunas.
No es posible que la universidad nacional y pública, aquella que ha edificado la historia del país y fue creada en gran parte para la mismísima construcción de la Nación, hoy pierda valioso tiempo institucional en sus distintos niveles, buscando destrabar asuntos burocráticos, mientras se le mide y compara en ránquines con instituciones que tienen una administración flexible y adecuada a una institución de las características de una universidad.
Es importante relevar que en estas ideas no se debe entender una negación al control. Muy por el contrario; se busca que exista una vigilancia adecuada y pertinente, preventiva y docente.
Si bien es posible determinar un avance importante en algunas de estas materias, debido a la promulgación de la Ley 21.091 de educación superior, y la Ley 21.094 sobre universidades estatales, corresponde que el Ejecutivo y los legisladores avancen decididamente en levantar las ataduras burocráticas de las universidades estatales que desarrollan docencia superior, investigación, innovación y transferencia, creación artística y tecnológica, para Chile y su gente.
Quizás una parte importante de las discusiones no se encuentre necesariamente en que el Estado se haga cargo de sus universidades, lo cual a la fecha no ha sido una situación tan evidente y plausible, al menos a nivel presupuestario.
Sería entonces un gran aporte trabajar en mejorar la gestión y administración universitaria estatal, con lo cual sin duda se optimizarían los recursos que hoy se destinan a la burocracia de estas instituciones.
De esta manera, algunos ajustes normativos mejorarían notablemente la situación actual, particularmente en temas asociados al control, a la gestión del abastecimiento y a las adquisiciones, la normativa para funcionarios del staff y algunos ajustes propios del procedimiento administrativo.
Asimismo se hace necesario, como sistema, tomar aquellas buenas prácticas en transparencia, acceso de la información y accountability que existen en las universidades estatales, invitando a incorporarse a dichas exigencias a las Casas de Estudios Superiores privadas.
Los proyectos educativos de las universidades estatales son relevantes para el país y la región donde éstas se encuentran, relevan la educación pública y laica, así como los valores de tolerancia y pluralismo, por lo que optimizar su gestión colabora decididamente a mejorar la calidad de la educación pública chilena.
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Columna de opinión publicada en portalciterior.cl el día lunes 21 de octubre de 2019 [descarga].-
