Señor Director:
Las universidades del Estado trabajan diariamente con ataduras administrativas propias de un servicio público: leyes de compras públicas, transparencia, procedimiento administrativo y lobby, entre otras. Además deben cumplir con rigurosos controles de la Contraloría General de la República y contralorías internas, y someterse permanentemente a auditorías externas.
Considerando que las instituciones de educación superior no pueden por la naturaleza de su función ser consideradas como cualquier agencia pública - toda vez que sus servicios no son monopólicos - es necesario que la reforma al sistema de educación superior considere iniciativas legales que permitan una mayor flexibilidad en la gestión universitaria estatal.
Una forma de apoyar a las universidades del Estado, más allá de incrementar los aportes basales, es otorgándole mejores condiciones de gestión que las actuales para que puedan desarrollar óptimamente su misión.
Daniel Burgos Bravo
Senador universitario Universidad de Chile
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Carta al Director del Diario La Segunda publicada el día miércoles 23 de septiembre de 2015 [descarga].-
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