Señor Director:
El TC ha determinado que los requisitos exigidos a las instituciones para acceder al beneficio de la gratuidad contemplan una discriminación. Toma especial relevancia que los criterios que se utilicen en las futuras leyes de financiamiento de la educación superior busquen tener una plena coherencia constitucional, esperando que se sobrepase el anacrónico paradigma de asignación presupuestaria por año de creación y se prioricen criterios relevantes de selección institucional, como la propiedad, calidad y/o vulnerabilidad de los estudiantes.
La gratuidad como derecho social no merece ser considerada discriminación arbitraria.
Daniel Burgos Bravo
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Carta al Director del Diario La Segunda publicada el día sábado 12 de diciembre de 2015 [descarga].-
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