Señor director:
En el contexto de la discusión del beneficio de la gratuidad, se ha enfatizado el concepto de universidad privada con vocación pública, lo cual es una coherente validación de proyectos educativos de diversa naturaleza que aportan en pluralismo.
Por su sentido y funciones, este tipo de instituciones reivindican recursos al Estado, lo cual ha sido considerado legítimo por parte de los actores del sistema. Cuesta entender que exista un alto cuestionamiento a que las universidades estatales reivindiquen un trato preferente en materia presupuestaria.
Desde el punto de vista histórico, estas casas de estudios son parte de la construcción de la República. Su reivindicación presupuestaria no es casual, considerando que sus actividades están lejos de ser financiadas vía aportes basales, debiendo ellas generar recursos, situación que ha sido una constante progresiva en los últimos 30 años.
Mientras las universidades estatales tengan las ataduras administrativas propias de un servicio público, lo mínimo es que el Estado (en rigor, su propietario) les asegure un aporte basal que permita su funcionamiento, pensando que no adscriben a proyectos particulares, privados y/o confesionales.
Las universidades del Estado son de todos y su sentido de existencia no es otro que el progreso del país. Merecen un trato preferente.
Daniel Burgos Bravo
Senador universitario
Universidad de Chile
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Carta al Director del Diario La Tercera publicada el día viernes 11 de diciembre de 2015 [descarga].-
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