Señor director:
Tras la presentación del proyecto de ley sobre universidades estatales, han habido múltiples opiniones que señalan que el apoyo del Estado a sus casas de estudios sería un privilegio que discriminaría a las instituciones privadas.
Resulta paradójico que algunos actores del sistema soliciten eliminar los privilegios y busquen una igualdad de trato entre universidades estatales y privadas, considerando que ninguna autoridad de las institución privada pide aumentar los controles sobre sus casas de estudios, que sean fiscalizadas y auditadas ante el organismo contralor general, encontrarse adscritas al sistema de compras públicas, cumplir los preceptos de la ley de transparencia, procedimiento administrativo y lobby, entre otras situaciones.
Asimismo, no se ha verificado que los rectores de dichas instituciones privadas requieran que el gobierno de turno elija o participe de la elección de un porcentaje de los miembros de sus juntas directivas, desarrollando un rol activo e influyente en el proyecto educativo, lo que a su vez mermaría la autonomía universitaria.
Tanto estas situaciones - que reflejarían una "real" igualdad de trato - como el rol de una universidad estatal y su propiedad, hacen del todo lógico que el Estado apoye a sus universidades y no tenga una igualdad de trato con las universidades privadas, las cuales son parte de proyectos educativos privados.
Daniel Burgos Bravo
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Carta al Director del Diario La Tercera publicada el día sábado 24 de junio de 2017 [descarga].-
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